Consejo Regional aprueba más de 1.600 millones para fortalecer infraestructura del Centro de Reinserción de Limache

La millonaria inversión permitirá la conservación de recintos, instalaciones y sistemas de seguridad del Centro de Justicia Juvenil IP-IRC de la comuna.

Un importante hito para el fortalecimiento de la justicia juvenil en la región de Valparaíso se concretó tras la aprobación, por parte del Consejo Regional de Valparaíso, del proyecto “Conservación de recintos, instalaciones y sistema de seguridad en el Centro Cerrado de Limache”, iniciativa que contempla una inversión superior a los 1.600 millones de pesos y que permitirá avanzar en el mejoramiento integral del Centro de Justicia Juvenil IP-IRC Limache.

El seremi de Justicia y Derechos Humanos de Valparaíso, Rafael González, junto al delegado presidencial provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot, en el marco de las actividades desplegadas por los 100 Días, visitaron el centro para conocer el proyecto que tiene por finalidad la recuperación y conservación de infraestructura pública que, producto del uso permanente y del paso del tiempo, ha presentado distintos niveles de deterioro en sus recintos, instalaciones y sistemas de seguridad. Su ejecución permitirá intervenir espacios esenciales para el funcionamiento del centro, mejorando condiciones estructurales y operativas fundamentales para el desarrollo cotidiano de los procesos de intervención.

El seremi de Justicia y Derechos Humanos, Rafael González, señaló que esta es una muy buena noticia ya que “la inversión que se va a desarrollar en materia de infraestructura en este centro de Limache es muy importante ya que invertir en reinserción social es un avance positivo en materia de seguridad pues, como lo señala nuestra cartera, la reinserción es sinónimo de seguridad”.

La conservación del inmueble permitirá robustecer las condiciones de habitabilidad, seguridad y operación del recinto, favoreciendo tanto el trabajo que desarrollan los equipos técnicos como las rutinas y actividades formativas de los jóvenes que cumplen sanciones y medidas privativas de libertad. De esta forma, se fortalecerán las condiciones materiales necesarias para una intervención especializada, segura y orientada al cumplimiento de los objetivos socioeducativos y de reinserción social juvenil.

A su vez, el delegado presidencial provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot, indicó que “este proyecto que involucra más de 1.600 millones de pesos posibilita la refacción y el mejoramiento de la infraestructura de este importante centro de justicia juvenil. De una manera u otra, tanto para los internos como para los funcionarios va a ser un avance que permitirá una mejor reinserción por parte de los jóvenes y un mejor cuidado del entorno general, del barrio y la ciudad de Limache”.

Al respecto, la directora regional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Fernanda Alvarado, valoró la aprobación de esta iniciativa y destacó el trabajo colaborativo que permitió concretarla. “Como servicio estamos muy contentos y agradecidos del Gobierno Regional por haber considerado la urgencia en materia de infraestructura del Centro de Cumplimiento de Limache. Cabe señalar que ha sido un proceso de mucho trabajo entre los distintos equipos técnicos. Hoy se entrega una señal de compromiso frente a la reinserción social juvenil, ya que contar con espacios adecuados que permitan realizar sus rutinas permite también avanzar en los procesos de cada joven, en pro de proyectos de vida alejados de la comisión de delitos”, señaló.

La aprobación de este proyecto representa un avance concreto en el proceso de consolidación del nuevo Servicio en la región y da cuenta del compromiso institucional con el fortalecimiento de standards de intervención en justicia juvenil.

Asimismo, esta inversión releva la importancia de seguir impulsando proyectos estratégicos en infraestructura especializada, entendiendo que el mejoramiento de estos espacios impacta directamente en la reinserción social de adolescentes y jóvenes, contribuyendo al mismo tiempo a la seguridad pública y al desarrollo regional mediante mejores condiciones para la intervención y la generación de oportunidades reales de cambio.