Director General de Aguas del MOP expuso sobre reforma al Código de Aguas en Quillota

Iniciativa está en discusión en Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Los cuatro ejes de la iniciativa son establecer la prioridad del agua para consumo humano, saneamiento y fines de subsistencia; la sustentabilidad del acuífero y protección de áreas de importancia patrimonial y ambiental; la tutela pública sobre un bien nacional de uso público y el uso efectivo del derecho de aprovechamiento.

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          Ante más de 100 regantes, integrantes de Comités de Agua Potable Rural y representantes de servicios públicos, el director general de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, Carlos Estévez, expuso los avances de la reforma al Código de Aguas, actualmente en discusión en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, y respondió las consultas de los asistentes. La actividad, fue organizada por las Secretarías Regionales Ministeriales de Agricultura y Obras Públicas de la región de Valparaíso, junto a la gobernación provincial de Quillota.

          En la ocasión Estévez, explicó que la reforma apunta a establecer la prioridad del agua para consumo humano, saneamiento  y fines de subsistencia. Esta medida faculta a la presidenta de la república de manera excepcional, previo informe de la DGA y en atención al interés público y con la sola finalidad de garantizar los usos de la función de subsistencia y saneamiento, de poder constituir derechos de aprovechamiento aun cuando no exista disponibilidad. Asegura que cualquier APR pueda extraer aguas de sus terrenos o en el de sus asociados, para el ejercicio del saneamiento y consumo,  presumiéndose su derecho.

          El segundo punto de la reforma es velar por  la sustentabilidad del acuífero y protección de áreas de importancia patrimonial y ambiental. Esto significa, que no se podrá constituir derechos de aprovechamiento en glaciares o áreas declaradas bajo protección oficial para la protección de la biodiversidad; y se exime del pago de patentes a titulares de derechos que no los usan por mantener la función ecológica de áreas declaradas protegidas por el Ministerio del Medio Ambiente.

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          Asimismo, fortalece la tutela pública en aguas subterráneas en función de la sustentabilidad del acuífero, tanto en zonas de prohibición como en áreas de restricción. Esto implica que no se podrán otorgar nuevos derechos, se generan incentivos para la organización de comunidades de aguas subterráneas, la autorización del cambio de punto de captación estará sujeta a estudios hidrogeológicos y los usuarios vigentes deberán instalar y mantener un sistema de medición de caudales y volúmenes extraídos, de control de niveles freáticos y de transmisión de la información. Por último, se permite excepcionalmente aplicar caudal ecológico mínimo a derechos ya existentes en 3 casos: traslados de punto de captación, cuando el titular del derecho presente un proyecto para construir una obra mayor en el cauce y respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas ya existentes, en aquellas áreas bajo protección oficial de la biodiversidad y en los ecosistemas que el Ministerio de Medio Ambiente informe como amenazados o degradados.

          El tercer eje se refiere a la tutela pública sobre un bien nacional de uso público, fortaleciendo el control  de extracciones para una mejor gestión integrada del recurso hídrico; establece que todos los derechos nuevos que se concedan después de entrar en vigencia la ley, serán de carácter temporal y prorrogables; fortalece las  atribuciones de la administración para prorratear  y redistribuir las aguas y preservar la sustentabilidad del acuífero, en aguas superficiales y subterráneas.

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          Por último, la reforma promueve el principio de eficiencia como balance entre libertad y sustentabilidad, esto se refiere al uso efectivo del derecho de aprovechamiento y sanciona la falta de obras para aprovechar las aguas con patentes incrementales que se duplican cada 4 años; extinción del derecho por falta de obras para captar, conducir y restituir las aguas; y la caducidad por no inscribir el derecho dentro de plazo en el Conservador de Bienes Raíces.

Respaldo

          Las autoridades destacaron la alta convocatoria que tuvo la actividad y el interés de los participantes por hacer consultas y despejar sus dudas.

          El gobernador provincial César Barra, destacó el trabajo que el Gobierno está realizando para modernizar la normativa que regula el agua en el país.

          “Es fundamental el diálogo con los agricultores, con los dirigentes del agua potable rural, para ir dilucidando dudas y conocer los planteamientos que tienen ellos. Son siete iniciativas de Ley que apuntan principalmente a un manejo racional del agua, a una gestión de las cuencas, a una distribución equitativa, a la búsqueda de consolidar el consumo de humano como una prioridad y como abordamos la realidad de los pequeños agricultores potenciando la agricultura y defendiéndola”, dijo Barra.

          El seremi de Agricultura Ricardo Astorga dijo que se trató de un importante encuentro dado el interés de los regantes en el tema del agua.

          “El tener claridad en que va la modificación del Código de Aguas, que es tan sentida por la comunidad, de voz del director nacional de Aguas, motivó la presencia de agricultores, de comités de Agua Potable Rural, académicos y todos los que están interesados por el agua y de tener un acceso más justo al agua”, explicó Astorga.

           A su vez, el seremi de Obras Públicas, Miguel Saavedra, destacó que “tuvimos una muy buena jornada de trabajo, porque la discusión que se dio con el director de Aguas y los participantes: pequeños agricultores, comités de APR , canalistas y regantes fue bastante provechosa y fructífera, donde se dio a conocer los principales aspectos que están considerando en la reforma al Código de Aguas y también otras iniciativas de ley que van a fortalecer la institucionalidad y de cómo el Estado asegura el agua principalmente el recurso hídrico como bien nacional de uso público”, manifestó el seremi Saavedra.

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