[Columna de Opinión] Educación Inclusiva en Chile

El compromiso de garantizar el derecho a una educación inclusiva para personas con discapacidad cognitiva ha ocupado un lugar central del análisis público los últimos días, sin embargo, esto no es algo nuevo. Nuestro país ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad en 2008 y de eso ya van 10 años.

En este sentido, la promulgación de la Ley de Inclusión Escolar y el Decreto N°83 en 2015 representan un avance, ya que ambas normas tienen por objeto brindar condiciones de igualdad tanto en el acceso, a través de procesos de selección no arbitrarios, como en el desarrollo durante la formación escolar de los estudiantes que presentan mayores barreras de aprendizaje, realizando las adecuaciones curriculares requeridas por estos estudiantes en el nivel parvulario y básico.

Efectivamente hemos avanzado, el Sistema de Admisión Escolar comenzó a operar el 2016 en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena. En los años siguientes, otras regiones se incorporaron, y se espera que el proceso culmine con la participación de la Región Metropolitana en diciembre de este año. Es por ello, que no contamos con una evaluación de estas medidas y por tanto el desafío continúa sobre todo cuando se plantean cambios que consideran variables tradicionales de medición del mérito, que fueron concebidas previo a la ratificación de Chile de la Convención, y que hoy pueden afectar la libertad de las familias de niños, niñas y adolescentes con discapacidad cognitiva que desean ser parte del aula regular, con las condiciones y apoyos necesarios para un óptimo aprendizaje.

Medidas positivas se han implementado en países que son referentes internacionales como Canadá e Italia, con una política de no segregación a estudiantes con discapacidad cognitiva, entre otros, en todos los niveles educativos incluyendo aquellas dirigidas a infancia temprana, en el caso de Italia específicamente. Estas medidas se han traducido en que cerca de 189.563 estudiantes con esta condición asisten a escuelas regulares, y alrededor de 15.884 alumnos con estas características van a la universidad.

El horizonte es transitar a una cultura inclusiva que promueve y respeta los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad cognitiva en todas las instituciones educativas, donde las diferencias sean concebidas como elementos que enriquecen las dinámicas involucradas en la formación de seres humanos más tolerantes y justos. Un horizonte donde cada familia pueda elegir libremente dónde estudiar, brindando medidas de apoyo que fomenten su desarrollo académico, personal y social.

Carola Rubia,
Directora ejecutiva de Fundación Descúbreme

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